Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.- Debido a como está redactada la Ley de Asociaciones Público Privadas es el gobierno estatal por completo el que decide cómo y a quienes otorga contratos, y el poder legislativo no tiene intervención alguna en dicho proceso, porque así se diseñó la legislación aseguró el presidente de la Mesa directiva de la XXII Legislatura, diputado Benjamín Gómez.
Ante los miembros de la Asociación Política de Baja California, el legislador por Tecate aseguró que fue la legislatura pasada, al aprobar la Ley de Asociación Publico Privada, la que abrió la puerta a las decisiones que hoy se están tomando en torno a proyectos de inversión otorgados a particulares y que han provocado que el manifestantes interrumpan las sesiones del pleno.
Aseguró que los dictámenes 94 y 95 que están impulsando los representantes de Acción Nacional, no serán discutidos en el resto de la sesión legislativa que debe desahogarse en los próximos días, y que fue interrumpida el viernes pasado y que al menos uno de ellos no ve próximo a discutirse en el pleno pues quienes los apoyan no cuentan con los 17 votos que necesitan para aprobarlos.
En cuanto al proyecto sobre el Centro de Comando C5i, dijo que podría tener el respaldo priísta siempre y cuando la información integra sobre el mismo sea transparentado, pues el proceso de asignación del contrato y los compromisos financieros que esto implica fueron aprobados por la administración estatal.
Benjamín Gómez dijo que rechaza el señalamiento de haber satanizado los movimientos que se han dado en contra de los dictámenes y que esos movimientos ciudadanos, de quienes simplemente están ejerciendo el derecho a manifestar el hartazgo social por la corrupción a que ha llegado la presente administración estatal.
“Yo he sido muy prudente en la parte institucional pero no voy a permitir que las pulgas se le carguen al perro más negro que soy yo”, respondió en otro momento.” La responsabilidad es del ejecutivo, la responsabilidad es del PAN que tiene la mayoría en el congreso y que está impulsando este tipo de dictámenes pero también es responsabilidad de quienes aprobaron esa ley (de APPs)”.