Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.- El contrato que el XXII Ayuntamiento de Tijuana firmó con la empresa Tubofin para la renta de camiones recolectores de basura contiene al menos cuatro irregularidades que presumen delitos que perseguir por el fiscal estatal aseguró el abogado Rafael Cruz Manjarrez, comisionado por el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes en el asunto.
El 20 de junio pasado abogados adheridos al Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes presentaron una denuncia penal contra el alcalde Juan Manuel Gastélum por supuestas irregularidades y falta de transparencia en la renta de 52 camiones recolectores de basura a la empresa Turbofin.
En entrevista Cruz Manjarrez explicó que la revisión preliminar del expediente, de más de 300 páginas, les ha permitido confirmar al menos cuatro irregularidades: El hecho de que el Ayuntamiento no cumplió con la formalidad legal y el formato de una declaratoria de emergencia que justificara la adjudicación directa del contrato; Y que la emite un funcionario municipal que no tiene facultades para ello.
Además el contrato definitivamente no es firmado por el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y que aun cuando este fue suscrito con Turbo Fin, los pagos efectuados se hicieron a empresas diferentes. Por la renta de los 40 camiones recolectores y 12 distribuidores, se pagarán 240 millones de pesos en tres años.
Debido a que la sindico procuradora Marcela Velarde promovió un recurso ante el Consejo Municipal de Transparencia que el contrato de arrendamiento no se hiciera público, por ello la demora para ejercitar la acción de la autoridad judicial. El Instituto de Transparencia revocó el acuerdo y por fin pudo conocerse el contenido del documento.
Los abogados que solicitaron la acción penal en contra del alcalde Juan Manuel Gastélum y otros funcionarios municipales fueron declarados como non gratos por el gobierno de la ciudad.
Sí hay delito que perseguir por los contratos con Turbofin
