Realiza CEDHBC Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2016-2017

Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) emitió los resultados del Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP) 2016-2017 cuyo objetivo es informar sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social (Cereso) y en los Centros de Tratamiento para Adolescentes (CTA).

El DESP es un diagnóstico de derechos humanos de las personas privadas de su libertad que permite a las autoridades del Sistema Estatal Penitenciario generar acciones necesarias para avanzar en el proceso de reinserción, garantizando el respeto a los derechos humanos de las y los internos; asimismo, es una herramienta a través de la cual se pueden visualizar los avances, áreas de oportunidad y retos que presentan los Centros de Reinserción Social y los Centros de Tratamiento para Adolescentes a fin de que las autoridades del Sistema Estatal Penitenciario puedan utilizarlo como un documento base para generar políticas públicas. El Diagnóstico también es un insumo para la comunidad académica, investigadora, universidades, organizaciones de la sociedad civil y para las y los bajacalifornianos.

El Diagnóstico comprende del periodo de junio de 2016 a mayo de 2017 y se realizó mediante entrevistas e inspecciones, además de las solicitudes de información a las autoridades penitenciarias.

Se llevaron a cabo por parte de visitadores y visitadores adjuntos de la CEDHBC, 8 inspecciones, 22 visitas, 37 entrevistas a Servidores y Servidoras Públicos del Sistema Estatal Penitenciario, 3,661 cuestionarios a personas privadas de la libertad y 3 solicitudes de información a la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario.

Los rubros considerados fueron: aspectos que garantizan la integridad física psicológica y moral de la persona privada de la libertad; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social de la persona privada de la libertad; y grupos de personas privadas de la libertad en mayor condición de vulnerabilidad.

Es importante mencionar que la valoración de rubros se realizó con base a las disposiciones establecidas en el Derecho Internacional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y leyes secundarias; asimismo, normas que contienen estándares y referencias sobre el internamiento, tratamiento y condiciones para que las personas privadas de la libertad reciban una estancia digna y segura a fin de que obtengan su reinserción social.

Para realizar el Diagnóstico se trabajó en los cinco Centros de Reinserción Social de los cuales dos son de población varonil y tres de población mixta; también se incluyeron los tres Centros de Tratamiento para Adolescentes de población femenil y varonil que existen en el Estado.

Cabe señalar que al momento de la aplicación del Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria la población total en los Centros de Reinserción Social y en los Centros de Tratamiento para Adolescentes del Estado de Baja California era de 12,205 personas privadas de su libertad, 12,115 correspondía a personas adultas y 90 a personas adolescentes, de las cuales 522 eran mujeres, 227 personas con discapacidad, 242 adultos mayores, 44 personas pertenecientes a las comunidades indígenas, 772 personas con enfermedades crónico-degenerativas, 2,833 personas con adicciones, 85 personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, 56 personas que viven con VIH/SIDA y 233 personas que viven en contexto migratorio internacional.

La conclusión del Diagnóstico respecto a los CERESOS arrojó una calificación general de 7.79 (Mexicali: 7.85, El Hongo: 7.87, El Hongo II: 8.88, Tijuana: 6.65, Ensenada: 7.72) en la escala de uno al diez. Respecto a los CTA, la calificación general fue de 9.0 (Mexicali: 9.77, Tijuana: 8.52, Ensenada: 8.72) en la escala de uno al diez.

Por otro lado, cabe mencionar que la CEDHBC ha registrado, durante el periodo mencionado, 1,606 asuntos relativos a temas del Sistema Estatal Penitenciario, de los cuales, 738 corresponden a Gestiones, 22 a Orientaciones y 846 a Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. Los derechos humanos presuntamente vulnerados con mayor frecuencia son: derecho a la seguridad jurídica; derecho a la protección de la salud y derecho al trato digno.

Asimismo, la CEDHBC ha emitido 2 Recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en el periodo mencionado que comprende junio de 2016 a mayo de 2017, la primera fue la Recomendación General 1/2016 dirigida a SSPE por la violación a los derechos humanos derivada de la sobrepoblación y hacinamiento en los Centros de Reinserción Social (CERESO) de Tijuana, Mexicali y Ensenada, que derivó del primer Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria que realizó este organismo; la segunda fue la Recomendación 3/2017 dirigida también a la SSPE por violaciones al derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, al derecho al trato digno y a la integridad y seguridad personal, lo anterior, en agravio de una mujer de 50 años (V1), derivado de la práctica de revisión indigna en el Centro de Reinserción Social Tijuana.

Como parte de las conclusiones, se observa que en los CERESOS El Hongo II, Tijuana y Ensenada, entre las irregularidades más frecuentes se encuentra la falta del respeto al debido proceso en la imposición de sanciones disciplinarias y la atención a personas en condiciones de aislamiento.

Otra de las irregularidades con mayor incidencia fueron el hacinamiento y la sobrepoblación de lo cual es importante señalar que constituyen vulneraciones constantes y permanentes para las personas privadas de la libertad (PPL), problemática que fue materia de observación tanto por el DESP que abarcó de junio de 2015 a mayo de 2016, así como de la Recomendación General 1/2016 emitida el 8 de noviembre del año pasado.

La CEDHBC reitera la necesidad de eliminar la sobrepoblación en los CERESOS de Tijuana y Mexicali, para disminuir el hacinamiento en los centros penitenciarios y contribuir a la prevención de la violencia siendo este un factor que genera tensión y fricción entre la población penitenciaria, propiciando incluso condiciones insalubres y la propagación de enfermedades. Por ello propone una mejor distribución de las PPL y una revisión exhaustiva en los expedientes a fin de determinar quiénes pueden acceder al beneficio de libertada anticipada, logrando con ello una disminución de las PPL. Igualmente se propone promover y elaborar protocolos de actuación para la atención en caso de contingencia, así como realizar un programa de despresurización con perspectiva de derechos humanos.

En cuanto a la tercera irregularidad con mayor frecuencia, se encontró deficiencia en las condiciones materiales e higiene en el área de cocina y comedores. Por lo anterior la Defensoría propone se efectúen mejoras de higiene en el área de cocina y comedores realizando la limpieza de estas áreas con mayor frecuencia, se recojan los desechos y se coloquen en bolsas cerradas, reducir las fuentes de atracción para las moscas y proteger con tapas los alimentos.

En suma, los CERESOS en el Estado obtuvieron una calificación de 7.79 la cual representa una tendencia a la baja ya que el año próximo pasado obtuvo una calificación de 8.26 en la aplicación del DESP, situación que preocupa a la CEDHBC ya que a pesar de las Recomendaciones emitidas al Sistema Estatal Penitenciario, así como de la evaluación del DESP del año pasado, no se observó un avance, por lo que se sugiere mejorar las políticas en materia penitenciaria centradas en la educación, el trabajo, la atención médica, la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de la reincidencia.

En lo referente a los CTAS, de las irregularidades con mayor frecuencia se observaron los indicadores denominados existencia y capacidad de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del establecimiento, así como el de servicio para mantener la salud.

La CEDHBC reitera que considera prioritario mejorar las condiciones e implementar la infraestructura necesaria para brindar un adecuado servicio médico en los Centros de Tratamiento para Adolescentes, que garantice el pleno respeto a la dignidad de las PAPL, evitando con ello deterioros en la salud, las cuales pueden constituir una forma de pena cruel e incluso pérdidas irreparables.

En conclusión, respecto de la calificación final que obtuvieron los CTAS la cual fue de 9.0 se observó que su tendencia es a la alta toda vez que en comparación con el DESP del año pasado la misma era de 8.24, por lo anterior este Organismo Estatal exhorta a las autoridades del SEP para que continúen con las mejoras a fin de lograr una evaluación de 10.

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