MEXICALI BC 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- El Pleno del Congreso local aprobó el manejo presupuestal de ocho entidades auditadas respecto al ejercicio fiscal de 2015, con excepción de dos de ellas a las que se les negó la aprobación de la cuenta patrimonial.
Lo anterior es resultado de los asuntos abordados durante la sesión ordinaria correspondiente a este jueves, bajo la conducción del diputado Benjamín Gómez Macías, en su condición de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al bajar a debate parlamentario los dictámenes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (CFGP), que preside la diputada Eva María Vásquez Hernández.
Con los dictámenes 96 y 97 de la citada comisión legislativa, respectivamente, se aprobaron las cuentas públicas de ingresos y egresos al Instituto Municipal de la Mujer y al Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano, ambos de Tecate, pero se les negó la correspondiente al manejo presupuestal del patrimonio, por lo que se puso en conocimiento de la Sindicatura Municipal de ese lugar el expediente para que sean subsanadas las irregularidades que detectó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).
Por otra parte, con el dictamen número 100 de la CFGP se aprobaron las cuentas públicas de ingresos, egresos, patrimonio y deuda pública a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).
De igual forma, con el dictamen número 73 de la misma comisión, el pleno legislativo dio el visto bueno al manejo presupuestal que hizo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado (Issstecali) en torno a las tres vertientes; ingresos, egresos y patrimonial, aunque debido a algunas irregularidades que se detectaron, se envió a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado, a fin de solventarlas.
Asimismo, el Pleno le aprobó al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) el manejo presupuestal de ingresos, egresos y patrimonial e igual ocurrió con la Junta de Urbanización del Estado, el Régimen de Protección Social en Salud de Baja California y el Instituto de Servicios de Salud Pública estatal, aunque al igual que en los casos anteriores, las cuentas fueron remitidas a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental para solventar las irregularidades encontradas por el Orfis.