MEXICALI BC 26 DE JULIO DE 2017.- El pleno de la Vigésima Segunda Legislatura aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la cual forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y sustituirá a la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos, vigente desde 2010.
El decreto fue aprobado con el dictamen número 84 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y surgió de la iniciativa presentada por la diputada Eva María Vásquez Hernández y el diputado Alejandro Arregui Ibarra, así como la diputada Iraís María Vásquez, en lo referente a la Contraloría Social.
La aprobación ocurrió en el marco de una sesión extraordinaria, la cual fue conducida por el diputado Job Montoya Gaxiola, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
La norma, que entrará en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado, se estructura con nueve títulos y 112 artículos más 12 transitorios y tiene su base jurídica en el artículo 37 de la Constitución local.
Entre las reformas que contiene figura el cambio de denominación del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para pasar a ser Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual será dotada con autonomía técnica y de gestión en ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, recursos, funcionamiento y resoluciones.
Su titular será un Auditor Superior del Estado que será electo en base a los requisitos establecidos en la Constitución local.
La ASE conocerá, investigará y sustanciará faltas administrativas que detecte durante la fiscalización. Además se coordinará con la Auditoría Federal para desarrollar su labor y podrá efectuar revisiones del ejercicio fiscal en curso y no sólo de los anteriores, como ocurre en la actualidad, además de ejercicios pasados.
Entre los elementos novedosos destaca la facultad del ASE para presentar denuncias derivadas de sus procesos de indagación de cuentas y la facultad que se le otorga para dar trámite a la presentación de denuncias de juicio político.
Además se precisan obligaciones de publicitar información de auditorías en páginas de internet, en formatos abiertos, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Derivado de sus investigaciones, una vez que se instale todo la infraestructura legislativa correspondiente, la ASE podrá promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Entre las nuevas facultades que tendrá la ASE también destaca la obligación de intervenir en materia de deuda, en lo que vigilará el cumplimiento de obligaciones y financiamientos, así como la fiscalización del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.
Un aspecto importante también es el establecimiento de la Contraloría Social, en donde se destaca que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la ASE en el programa anual de auditorías.
En cuanto a la participación ciudadana, se comentó en los considerandos que se trabajó de la mano con grupos sociales que aportaron observaciones, las cuales fueron integradas en la iniciativa que a partir de este día se convirtió en decreto aprobado por 24 votos a favor de los integrantes de la XXII Legislatura.