MEXICALI BC 12 DE JULIO DE 20170.- El Pleno del Congreso aprobó de manera unánime un punto de acuerdo presentado por la diputada Mónica Hernández “La Chula” Álvarez, en el que exhortó al XXII Ayuntamiento de Tijuana a que aplique todo el peso de la ley a quienes infrinjan y contravengan el servicio público que se les ha confiado.
La diputada de extracción panista se refirió a las noticias difundidas a través de distintos medios de información, incluso de las redes sociales, “donde hemos podido constatar cómo algunos grupos de taxistas han emprendido acciones violentas en contra de trabajadores del volante de gremios distintos y de camiones de servicios turísticos”.
Al respecto agregó que, lamentablemente, hoy no son solamente los choferes quienes están en riesgo de ser agredidos, sino los mismos usuarios, es decir, ciudadanos y visitantes, los que se han convertido en las nuevas víctimas.
La legisladora mencionó que el transporte público es estratégico para cualquier ciudad del país, como también lo es para cada una de las ciudades de Baja California, pues tiene una relevancia extraordinaria en la vida socioeconómica, al lograr la integración que favorece el desarrollo de la entidad.
“En esta ocasión –subrayó- concentraré la atención en una problemática que ha venido presentándose en la ciudad de Tijuana y que desafortunadamente hoy no es un hecho aislado, sino un patrón recurrente. Me refiero al problema de violencia, de acoso y agresiones físicas, que vienen cometiendo algunos taxistas de aquella ciudad”.
Mónica Hernández enfatizó que ninguna autoridad, en el ámbito de sus competencias, pueden ser omisos ante estos actos de barbarie, que por un lado, atentan directa y flagrantemente en contra de un servicio público que la autoridad les confió, pero además, también atentan contra la integridad física de los miles de ciudadanos y visitantes que a diario transitan por esa zona.
“Tijuana, lamentablemente, -añadió- se encuentra inmersa en un complejo fenómeno de inseguridad, lo que es inadmisible es que esa inseguridad ahora provenga del transporte público, es decir, todos los ciudadanos de Tijuana han procurado cuidarse en su persona y en sus bienes del crimen organizado, del robo y los asaltos, ahora también deben cuidarse de no ser brutalmente golpeados por taxistas”
“¡Esto de ninguna manera puede ser así! –remarcó- por ello, propongo a esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo, solicitando la dispensa del trámite correspondiente, dada su urgente y obvia resolución.
De esta manera, la XXII Legislatura del Estado enviará un exhorto al ayuntamiento de Tijuana, en el sentido de que “en uso de las facultades legales que les confiere la Ley General de Transporte Público del Estado, apliquen todo el peso de la ley a quienes infrinjan y contravengan el servicio público que se les ha confiado. lo anterior en favor del orden, la legalidad y el interés público”.
Antes de ser sometido a votación el punto de acuerdo propuesto por la diputada, se unieron al mismo el diputado Bernardo Padilla Muñoz (PRI), Job Montoya Gaxiola (MC) y las diputadas Iraís Vásquez Aguiar y Trinidad Vaca Chacón, ambas del PAN.