Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA BC 12 DE JUNIO DE 2017.- El evento con el que el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid puso en marcha la Cruzada contra la Inseguridad resultó un acto de muchos discursos pero no se dijo cuál será la estrategia para combatir este flagelo social más allá de culpar al Congreso de la Unión de no adecuar el marco legal del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El gobernador, el presidente del Congreso del Estado, del Poder Judicial y los cinco alcaldes firmaron un acuerdo que pretende fortalecer la coordinación con la sociedad civil en acciones que reviertan la alta incidencia delictiva que impera en la entidad sin embargo poco se habló de las estrategias que persigue el convenio.
Ahí se explicó que la firma del convenio comprometió a las autoridades a disminuir la incidencia delictiva reforzado la coordinación policía y tareas logísticas de apoyo a la sociedad civil justo cuando en la ciudad de Tijuana los índices de delitos como robo a casa habitación asalto a transeúnte, robo de automóviles están a la alza así como los casi 800 homicidios que han ocurrido este mes en esta frontera.
Por ello el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla, criticó la falta de mecanismos para medir los avances de las estrategias de seguridad y aseguró que de nada sirven las protestas ciudadanas por lo que se pronunció en favor de acciones concretas y evaluables.
Dijo que entre las estrategias que propone el Consejo está la certificación de las cinco policías municipales del Estado, gestionar un modelo de plan de pensiones para policías municipales, estatales y ministeriales, “blindar” legislativamente a los altos mandos policiacos de posibles cambios de gobierno, entre otras.
El preside del Comité Técnico de los Consejos Coordinadores Empresariales de la entidad Federico Díaz Gallegos exigió mayor compromiso de los legisladores federales para impulsar las reformas que requiere el catálogo de delitos del Nuevo Sistema de Justicia Penal y criticó que hayan utilizado de pretexto el proceso electoral del pasado domingo para no aprobar la Ley de Seguridad Nacional que facultaría a la Marina y el Ejército a actuar contra la delincuencia.