PLAYAS DE ROSARITO BC 29 DE MAYO DE 2017.- “Gran reto afrontamos todos los mexicanos y las instituciones, a consecuencia de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia, del 18 de junio de 2008, que significó el cambio para transitar del sistema penal inquisitivo al sistema acusatorio oral, cuyo plazo para su implementación precluyó el pasado 18 de junio de 2016”, afirmó en el primero de dos posicionamientos leídos por separado en tribuna, el diputado Raúl Castañeda Pomposo.
Agregó que a partir de la implementación del sistema acusatorio oral, se crearon nuevos paradigmas en cuanto a la forma en que se debe observar, aprender, interpretar, aplicar, enseñar y practicar el derecho penal, así como el de procurar y administrar justicia, lo cual ha impactado totalmente en el funcionamiento de la maquinaria jurídica, en la de los cuerpos policiacos y en la idiosincrasia del pueblo mexicano y de Baja California.
Consideró que para el buen funcionamiento del nuevo sistema jurídico, los operadores en el Estado deben estar en constante estudio, preparación, actualización, adecuación, consulta y revisión de las normas, ya no sólo nacionales sino internacionales, acerca de derechos humanos y del debido proceso; a su vez, tener una mente abierta a la interpretación.
Castañeda Pomposo enfatizó que depende de los operadores y de los órganos encargados de su consolidación en la entidad, que el sistema penal acusatorio funcione. “La transición requiere de la participación de todos; es vital la socialización y ciudadanización, es la única forma de legitimar el sistema penal y las instituciones”, concluyó.
En otro posicionamiento, el presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la XXII Legislatura local, consideró de “gran trascendencia que en la totalidad de los ayuntamientos de nuestro gran estado, se considere la importante necesidad de impulsar, integrar e instalar dentro de sus cuerpos edilicios, órganos de trabajo especializados, profesionalizados y debidamente capacitados que le aporten al fortalecimiento, crecimiento, modernización, capacitación y desarrollo de sus administraciones públicas”.
Argumentó que con la instauración de dichos órganos de trabajo especializados, se logrará mejorar la realización de sus funciones en comunidades no sólo urbanas sino rurales, además de tener mejor enfocados los problemas para la programación y realización del trabajo constante y sistemático con la flexibilidad que ello conlleva.
“Debemos establecer nuevas dinámicas de convivencia social entre gobierno municipal y ciudadanía; que los ejercicios de las funciones de gobierno obedezcan al interés público y no a intereses particulares; reconsiderar y reencaminar aquellos actos que han resultado contrarios al bien común, todo ello bajo el mirador de la razón, la responsabilidad social y política, la transparencia, la congruencia, la efectividad gubernamental y la rendición de cuentas, simplemente porque así lo exige nuestra sociedad”, finalizó el diputado Raúl Castañeda.