TIJUANA BC 12 DE MAYO DE 2017.- El Vocero Partido Encuentro Social en Baja California Aarón Pallares Aceves ha expresado el malestar no solo del Partido sino de la población en general sobre el comportamiento de los Gobiernos del Estado y Municipal de la ciudad de Tijuana Baja California con relación a los contratos de obras y de prestación de servicios que se han concretado en las últimas fechas.
A todos ha sorprendido la expresión del Senador panista Víctor Hermosillo en el sentido de expresar “Que además de Senador él es un hombre de negocios”, anteponiendo la actividad empresarial a la de representación popular. Hermosillo Celada forma parte del grupo empresarial beneficiado por la Ley de Asociaciones Público Privadas de Baja California en la construcción del tramo de cuota Cañón Zapata que unirá como vía de “cuota” el aeropuerto de Tijuana con Playas de Tijuana.
Hoy, el nuevo escándalo lo es en Tijuana la administración de Manuel Gastélum Buenrostro al quedar descubierto el negocio en la renta de vehículos y camiones recolectores de basura a una empresa sin antecedentes en la materia, sin conocer la ciudad porque es una empresa de la Ciudad de México en la que a decir del propio Alcalde participan sus amigos que conoció cuando fue Diputado Federal.
Gastélum Buenrostro está entregando los recursos económicos de los tijuanenses en una aventura que sin duda le redituará en beneficios económicos a alguien, pero compromete esos mismos recursos con que la ciudad, durante toda la historia, ha prestado el servicio.
Debemos recordar que en la historia de Tijuana el servicio de recolección de basura ha sido ineficiente solo en la actual administración, la administración anterior que presidio el Dr. Jorge Astiazaran en ningún momento dejo de prestar el servicio o se advirtió un problema de la magnitud que detono esta administración.
La asignación directa de los contratos de arrendamiento de estos vehículos, camionetas, autos y camiones recolectores de basura, deberán de ser revisados por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se deberá de transparentar y hacer público el proceso y el ORFIS deberá informar a la ciudadanía por conducto de los órganos competentes.