Tijuana.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia, a que se les resguarde su integridad personal y las autoridades deben ejercer medidas para prevenir, atender y sancionar los casos en que se vean afectados por conductas como el descuido, la negligencia, la trata, el trabajo infantil o la coacción a participar en algún delito, entre otros.
Lo anterior fue pronunciado por la Ombudsperson, Melba Adriana Olvera Rodríguez, durante el Foro Estatal “Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” realizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Titular de la Defensoría informó que este Foro es parte de una serie de diez actividades que la CEDHBC realiza durante el mes de abril para difundir y promover los derechos de la niñez y la adolescencia en Baja California.
En ese sentido, Olvera Rodríguez enfatizó la importancia de realizar ejercicios de conciencia relacionándonos con la realidad, para poder actuar y participar e incidir para que la niñez y la adolescencia en Baja California tengan plenamente garantizado el goce de sus derechos.
En ese sentido, apuntó que la Convención sobre los Derechos de los Niños, que México firmó en 1990, es reconocida como el primer tratado internacional vinculante que reconoce a los niños y a las niñas como sujetos de derechos y no objetos de protección.
Aunque México se tardó varios años en emitir una Ley armonizada con la Convención, finalmente en diciembre de 2014 tuvimos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, en Baja California contamos con una Ley, en el ámbito local desde abril 2015.
La Ombudsperson precisó que el artículo 19 de la Convención establece que los estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a la niñez contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual y que esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria a la niñez.
Agregó, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que es reconocida por la Unicef, garantiza a la niñez y adolescencia mexicanas a 20 derechos, entre ellos, el derecho al acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, el cual es el eje central del Foro.
De esta manera, tanto la Convención, como la Ley, tienen el objetivo de lograr, para la niñez y la adolescencia, una vida en la que se puedan desarrollar y vivir plenamente, en la que no sean discriminados, en la que busquen su economía progresiva y se les respete su interés superior en todo momento.
No obstante, la Presidenta de la CEDHBC reconoció que pese a estos preceptos legales, la realidad es que no se ha logrado el cumplimiento de estos y otros instrumentos legales.
En ese sentido, apuntó que información de la ONU indica que México se ubica en el sexto lugar en América Latina al tener un alto número de homicidios de niñas, niños o adolescentes; tan sólo en los últimos 25 años murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes menores de 14 años.
Según la Unicef, entre el 65 y el 52 por ciento de la niñez en México ha sufrido maltrato en algún momento de su vida; siete de cada diez jóvenes viven o han vivido violencia en su noviazgo; 10.1 por ciento de los estudiantes en educación secundaria han padecido algún tipo de agresión física en la escuela; 5.5 por ciento, violencia de índole sexual; 16.6 por ciento, violencia emocional.
Olvera Rodríguez señaló que debe reconocerse la realidad que se vive en torno al tema de la explotación y abuso sexual a nuestra niñez: México es el tercer productor de pornografía infantil en el mundo, según la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
“Esos tristes y fuertes datos sobre las niñas, niños y adolescentes mexicanos son los que nos deben de orillar a que verdaderamente hagamos ejercicios, sí de conciencia, pero de trabajo. Sobre todo tenemos que reflexionar en qué estamos fallando a nuestra niñez y en qué se le ha fallado a la niñez a lo largo de la historia. Tenemos que evitar seguirle fallando a la niñez”, aseveró.
“Es urgente que el gobierno, en todos sus órdenes, atienda la principal responsabilidad que consiste en garantizarles todos los derechos a todos los niños, niñas y adolescentes del país. Empezando en Baja California, desde la legislación, hasta la política de los estados y los municipios Los gobiernos también tienen claramente una deuda. Todos tenemos una deuda porque todos somos corresponsables en Baja California de que se estén garantizando o no los derechos”, sostuvo la Ombudsperson.
De igual manera, añadió, la responsabilidad también es de las familias. La violencia como un proceso cognitivo-intelectual emerge también entre iguales, donde no hay una participación directa del estado, ni organizaciones criminales. En las familias muchas veces es donde hay más muestras de violencia. Es en las familias donde muchas veces, lejos de protegerse la dignidad de las niñas, niños y adolescentes se lastima con maltratos, con agresiones, con violencia, emocional, psicológica, física, con penas corporales, con castigos que la familia considera legítimos.