Se acaba el tiempo y abogados temen que las leyes anticorrupción se aprueben “al vapor”

Por: Octavio Fabela Ballinas

TIJUANA BC 20 DE ABRIL DE 2017.- Debido a que el transitorio segundo de la Ley General del Sistema Anticorrupción establece el 19 de julio como plazo fatal para que las entidades federativas tengan armonizada su legislación, abogados del Consejo Ciudadano Californix Contra la Corrupción temen que ante la premura estas disposiciones en Baja California sean aprobadas “al vapor” e incluso que puedan ser impugnadas como ya sucedió en otros estados.

Ricardo Esteban Zurita López, coordinador general del Consejo Ciudadano Californix Contra la Corrupción (ccCcc), y miembro del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, mostró el exhorto que presentó ante el Congreso del Estado, para que instrumenten y lleven a cabo ya el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Explicó que para que puedan darse estas leyes, primeramente se debe reformar la Constitución Local, algo que toma más de un mes para concretarlo, después vendrían la promulgación de las leyes necesarias y la conformación de los consejos estatal y municipales que serán los encargados de aplicar esas nuevas legislaciones.

Consideró que tres meses es muy poco tiempo para realizar el trabajo que se requiere y aseguró que pese a que a través de los años la corrupción en gobierno ha estado a la orden del día y aunque no se puede erradicar del todo, con este Sistema se puede controlar, pero, recalcó, es importante que los legisladores redacten y aprueben una buena Ley.

Pidió también que los legisladores promuevan lo necesario para que se fomenten las materias de Valores, Ética, Civismo, Cultura de la Legalidad y además desde las escuelas de nivel básico y hasta universidad además de tener cuidado de asignar al Sistema Estatal Anticorrupción de los recursos para su eficiente operatividad.

También exigieron que los integrantes de los órganos del SEA sean sometidos a exámenes de control y confianza y aplicar todas las recomendaciones que contempla y establece la Convención Contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas.

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