Expediente Político
Por: Alfredo Calva
TIJUANA BC 26 DE MARZO DE 2017.- Tal parece que los integrantes de su partido no tienen la menor intención de enterrar sus rapacerías y hacerse de la vista “gorda” con su acciones de corrupción, en apariencia, la Sindicatura Procuradora del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito que encabeza Miguel Ángel Vila, así lo muestra al haber presentado denuncia penal por el delito de peculado en contra del ex alcalde Silvano Abarca Macklis y coludidos en la acción delictiva.
Ayer viernes, el área jurídica de la fiscalizadora municipal acudió a las instalaciones de la PGJE a efecto de interponer la acción judicial en contra de Silvano Abarca, su entonces Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Serrano, su Oficial Mayor, Luís Franco Galarza y el regidor progresista del PRD, Max García, por haber dado en garantía un predio propiedad del municipio para obtener cuatro millones de pesos.
La querella quedo asentada en la dependencia de procuración de justicia bajo el registro 0205-2017-01133/REC SEJAP, y con base al nuevo sistema de justicia y de acuerdo al querellante, se fijo como fecha para llevar a efecto el procedimiento de mediación, el próximo treinta del mes en curso a partir de la una de la tarde.
Esta denuncia es solo la punta del iceberg de la administración que ha superado a sus antecesores en materia de corrupción, Silvano Abarca y sus allegados arribaron al gobierno local con un solo principio y objetivo, llenarse los bolsillos de efectivo y en especie en la mayor cantidad posible, la colusión y sumisión que tuvo por parte de la Sindicatura Procuradora que estuvo a cargo del oprobioso Tomás de la Rosa, y por los diez regidores del cabildo, fue su garante de impunidad temporal.
El asunto es solo uno de los muchos que esa administración realizo disfrazando de legalidad sus rapacerías para aprobarlas sin rubor alguno en sesiones de cabildo? La condonación del ISABI (Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles) al fraccionamiento Punta Azul, la donación de terrenos a dirigentes de colonias adherentes al PAN, la ampliación del contrato de recolección de basura por 17 años más, son solo algunos de los ejemplos de la podredumbre que guarda el gobierno de Silvano Abarca Macklis, que se encuentran observados por el Órgano de Fiscalización del Estado (ORFIS), y que, si en verdad la administración que encabeza la alcaldesa Mirna Rincón Vargas, en la que es acompañada y respaldada por el Síndico Procurador, Miguel Ángel Vila, tiene como línea de conducción y trabajo la no permisividad a la corrupción, no solo será una la denuncia penal en contra de Abarca Macklis y colaboradores.
De manera sucinta diré a mis apreciados tres lectores con respecto al contexto de la citada denuncia penal en contra del ex alcalde Abarca Macklis, que este asunto hace referencia a un proyecto que surge en la administración de Javier Robles Aguirre, en el V Ayuntamiento rosaritense, consistente en dotar de un terreno y casa a los elementos de la policía municipal, sin embargo, al ser enterados por su área jurídica de la imposibilidad legal de donar los predios, optaron por abandonar el asunto con la tristeza de haber perdido la oportunidad de llevarse un buen y sustancial “moche”.
Al arribo del VI Ayuntamiento y al percatarse el regidor progresista del PRD, Max García de ese proyecto truncado, vio el negocio que se podía realizar y la sustancial aportación que se obtendría de cristalizarse, por lo que, se dedico con harto empeño sin importarle la advertencia de ilegalidad que pesaba de la anterior experiencia, a integrar en el asunto a todos aquellos que con su contribución se garantizará la consolidación y aprobación oficial del proyecto, es decir, a través del cuerpo edilicio.
Lo consiguió, conformaron un fideicomiso y el terreno se colocó como parte del fideicomiso para la obtención del flujo económico a la ejecución de las casas, sin embargo, en ningún momento se les autorizo para dar el terreno en garantía de cuatro millones de pesos, y no es nada difícil suponer que fueron los dineros que se distribuyeron como compensación de esfuerzos los impulsores del mismo.
En fin, esto apenas inicia, aún falta ver el comportamiento del panismo corrupto y corruptor que maneja y controla el poder ejecutivo estatal, si Francisco Vega de Lamadrid, a razón, gobernador del estado, que instrucción girará a la invisible titular de la Procuraduría, Perla Ibarra, de actuar conforme a la ley, o mandar el expediente al archivo de los pobres, el estos de la basura.
Ya veremos.
Y mientras tanto….
Como premio de consolación por su traición a su candidata a la alcaldía rosaritense, al redondo Antonio Serret Rodríguez, lo recibe la diputada local Patricia Ríos, forzadamente por instrucciones de su amo político, Fernando Castro Trenti, en la capital del estado para que el Judas tricolor sacie su sed en los abrevaderos del poder legislativo del estado.