Horizonte Informativo, WASHINGTON, 20 de enero de 2017.- La Fiscal General interina, Sally Q. Yates anunció hoy que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido por muchos alias, incluido “El Chapo” enfrentará cargos en Brooklyn, New York, tras su extradición desde México a los Estados Unidos con el alegato que operaba una organización criminal vigente y otros cargos relativos al tráfico de drogas, durante su liderazgo de la organización criminal mexicana conocida como el Cártel de Sinaloa.
A la Fiscal interina Yates se le unieron el Procurador Robert L. Capers del distrito Este de Nueva York; el Procurador Wifredo A. Ferrer del distrito sur de Florida; el Procurador General Asistente Adjunto Kenneth Blanco de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Adminitrador interino Chuck Rosenberg, de la Agencia de Control de Drogas (DEA); el Director Ejecutivo Asociado Peter T. Edge de la U.S. Immigration and Customs Enforcement Homeland Security Investigations (HSI); El Director Asistente a cargo William F. Sweeney de la oficina de Nueva York del FBI: El U.S. Marshal Charles G. Dunne del Servicio de U.S. Marshals del Distrito Este de Nueva York y por el Comisionado del Departamento de Policía de Nueva York James P. O’Neill.
Guzmán Loera, de 59 años, llegó a los Estados Unidos el 19 de enero y será procesado en un juicio por 17 cargos el 20 de enero, ante el Juez Magistrado James Orenstein en la corte federal de Brooklyn. El caso está asignado al Juez de Distrito Brian M. Cogan. Después de su extradición a los Estados Unidos por los cargos levantados en el Distrito Oeste de Texas y en el Distrito Sur de California, el gobierno de México aprobó la petición de Estados Unidos para proceder a perseguir los cargos levantados en el Distrito Este de Nueva York el 11 de mayo de 2011.
Los cargos en el juicio levantado contra Guzmán Loera en el Distrito Este de Nueva York serán procesados en conjunto por las oficinas del Fiscal en Brooklyn y Miami, y la Sección de Drogas Peligrosas y Narcóticos de la División Criminal.
La acusación alega que entre enero de 1989 y diciembre de 2014, Guzmán Loera dirigió una organización criminal vigente, responsable de importar y distribuir hacia los Estados Unidos cantidades masivas de narcóticos ilegales y de conspirar para asesinar personas que representaban una amenaza a la organización de narcóticos de Guzmán Loera.
Guzmán Loera también enfrenta cargos de uso de armas de fuego en relación al tráfico de drogas y lavado de dinero relativos al contrabando en grandes cantidades desde Estados Unidos a México de más de 14 mil millones de dólares en efectivo procedente de la venta de narcóticos a lo largo de Estados Unidos y Canadá. Como parte de esta investigación, cerca de 200 mil kilogramos de cocaína ligados al Cártel de Sinaloa fueron decomisados. La acusación busca la incautación de más de 14 mil millones de dólares, fruto de las drogas y de ingresos ilegales.
“Guzmán Loera es el supuesto líder de una organización criminal multinacional y multimillonaria que introdujo drogas en nuestras calles además de violencia y miseria e nuestras comunidades”, dijo la Fiscal General Interina Yates. “Estamos profundamente agradecidos con el Gobierno de México por su ayuda para asegurar la extradición de Guzmán Loera. El pueblo de México ha sufrido de gran manera en manos de Guzmán Loera y el Cártel de Sinaloa; oficiales de la justicia mexicana han muerto en su persecución. Honraremos su sacrificio y honraremos el compromiso de México para combatir el narcotráfico al buscar la justicia en este caso”
“Guzmán Loera está acusado de utilizar la violencia, incluidas el asesinato y la tortura, para mantener un reinado con puño de hierro en la venta de drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México que ha invadido a nuestra comunidad y a muchos otros en el país”, dijo el Procurador Capers. “Como resultado, Guzmán Loera ganó miles de millones de dólares ilícitos. Este caso demuestra que aplicaremos todos los recursos disponibles para desmantelar el liderazgo de cárteles de drogas peligrosos, donde sea que operen, y no descansaremos hasta que lo hagamos hecho”.
“Guzmán Loera aterrorizó comunidades de todo el mundo” dijo el Procurador Ferrer. Con este caso, nos mantenemos unidos con nuestros aliados en casa y extranjeros en nuestra lucha contra las organizaciones transnacionales criminales que logran ingresos de miles de millones de dólares derivados de la expansión tóxica de drogas ilícitas en nuestras comunidades en todo el mundo. El anuncio de hoy demuestra que las fronteras internacionales no protegen a los traficantes de narcóticos de ser perseguidos criminalmente. Continuaremos trabajando juntos para combatir el narcotráfico y los cárteles que infectan nuestras calles con el largo brazo de la ley.
“La extradición es una tremenda victoria para los ciudadanos de México y Estados Unidos” dijo el administrador interino de la DEA, Rosenberg. “Dos principios se mantienen: Nadie está por encima de la ley y nosotros simplemente no cesamos en la búsqueda de justicia.
“A través de las investigaciones lideradas por nuestras oficinas en Nueva York y Nogales, Arizona, y los esfuerzos de coordinación de nuestro agregado en México, la oficina de Investigaciones de Seguridad Interna reunió una evidencia significativa que es instrumental en este caso contra Joaquín Guzmán Loera en los Estados Unidos, por sus crímenes como jefe del Cártel de Sinaloa”, dijo el Director Asociado Ejecutivo, Edge. “Nos complace haber trabajado con nuestros compañeros de la justicia federal para lograr la extradición de ayer, y para buscar compartir evidencia recabada en esta investigación para los procesos criminales siguientes.
“Uno de los más peligrosos y temidos capos de la droga ahora rendirá cuentas por sus crímenes en Estados Unidos luego de décadas de eludir la ley” dijo el Director Asistente del FBI, Sweeney. “Luego de años de recabar evidencia en múltiples investigaciones, el FBI y nuestros compañeros de la justicia harán todo lo posible para traer a El Chapo ante la justicia.
El Servicio de U.S. Marshals, tomará esta misión con el mismo sentido del deber que se ha tomado en misiones previas desde los últimos 228 años, dijo el U.S. Marshal Dunne, “Preservaremos la integridad del proceso judicial. Protegeremos a las familias de los miembros del Distrito Este de Nueva York. Aseguraremos a este individuo de manera humana y lo traeremos a la corte en tiempo y forma”.
Como se detalla en el caso y en otros cardos en la corte, Guzmán Loera e Ismael Zambada García, como líderes del Cártel de Sinaloa conspiraron para importar más de 200 toneladas métricas de cocaína a los Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa compartió rutas para el transporte de drogas y obtuvo drogas de varias organizaciones de tráfico de drogas colombianas, en particular del Cártel colombiano Norte del Valle, la organización de Don Lucho, y la organización Cifuentes Villa. La cocaína fue transportada desde Colombia por aviones, botes, y submarinos a puertos que la organización controlaba en el sur de México y en otras locaciones a través de Centro América. Desde allí, se enviaban a través de México hacía puntos de distribución en Estados Unidos.
Como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, Guzmán Loera presuntamente también supervisó las actividades de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, y mariguana del Cártel de Sinaloa, para distribuidores al mayoreo en Atlanta, Chicago, Miami, Nueva York, así como en varias locaciones en Arizona, Los Angeles y otros lugares. Lo miles de millones de dólares generados por venta de drogas en Estados Unidos, fueron transportados clandestinamente hacía México.
Para evadir a la justicia y proteger sus actividades de distribución de narcóticos, Guzmán Loera y el cártel de Sinaloa supuestamente emplearon diversos mecanismos incluyendo el uso de “sicarios”, o mercenarios, que llevaron al cabo cientos de actos violentos en México, incluyendo asesinatos, el recaudo de deudas de drogas, violencia para silenciar a potenciales testigos, así como acciones para prevenir que funcionarios públicos actuaran contra el cártel.
Para intimidar y eliminar a sus rivales, durante la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez de 2007 a 2011, Guzmán Loera instruyó a estos asesinos a que mataran a miles de rivales narcotraficantes; muchas de sus víctimas fueron decapitadas.
El caso está siendo procesado a nivel gubernamental por los procuradores estadounidenses Andrea Goldbarg, Hiral Mehta, Patricia Notopoulos, Gina Parlovecchio y Michael Robotti del Distrito Este de Nueva York; los procuradores asistentes de Estados Unidos Adam Fels, Lynn Kirkpatrick y Kurt Lunkenheimer del Distrito Sur de Florida; y los procuradores de juicio Amanda Liskamm, Anthony Nardozzi y Michael Lang de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal.
El caso fue investigado por la DEA, HSI y el FBI, en cooperación con autoridades de procuración de justicia Mexicanas y Colombianas. Un apoyo substancial fue provisto por las Oficinas de Procuradores del Distrito Norte de Illinois, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Sur de California, y el Distrito de New Hampshire. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también brindó apoyo en traer a Guzmán Loera a Estados Unidos para enfrentar cargos. Los esfuerzos de investigación en este caso fueron coordinados con la División de Operaciones Especiales del Departamento de Justicia, constituido por agentes, analistas, y procuradores de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal, DEA, FBI, HSI, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el U.S. Marshal Service, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, el Buró de Prisiones Estadounidenses y la Policía del Estado de Nueva York.
Los Estados Unidos extienden su agradecimiento al gobierno de México y, en particular, al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso y al Procurador Raúl Cervantes Andrade por su apoyo en este caso.
Este caso es también resultado de los continuos esfuerzos de la Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF), una alianza que combina la experiencia y habilidades únicas de agencias federales, estatales, y locales. El objetivo principal del programa de la OCDETF es identificar, interrumpir, desmantelar y enjuiciar a cabecillas narcotraficantes, al tráfico de armas, al lavado de dinero y a otras actividades del crimen organizado.
Una acusación es un documento de proceso formal que notifica al acusado sobre los cargos. Todas las personas acusadas durante este proceso cuentan con el principio de presunción de inocencia. Guzmán enfrenta una sentencia de reclusión perpetua, de ser condenado por cargos de organización criminal vigente, y una sentencia máxima de por vida por los cargos restantes.