* Se combatiría una de las fuentes de contaminación en BC para lograr una mejor calidad del aire
* La iniciativa pretende reducir, en el largo plazo, la tendencia en el uso de combustibles fósiles: Diputado José Alberto Martínez, del Panal
MEXICALI BC 27 DE FEBRERO DE 2014.- El diputado José Alberto Martínez Carrillo propuso una reforma a la Ley del Impulso a la Eficiencia Energética, con el fin de propiciar una reducción en la emisión de gases, vapores, polvos y toda sustancia que genere contaminación al medio ambiente, por parte de las plantas de manufactura industrial asentadas en Baja California.
Martínez Carrillo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso, indicó que su iniciativa establece que el Estado deberá implementar estrategias para la modernización de las plantas manufactureras a través de sistemas y mecanismos que reduzcan la tendencia, a largo plazo, en el uso de combustibles fósiles, lo cual disminuya significativamente la contaminación ambiental en la entidad.
La iniciativa propone, además, que sea la Secretaría de Protección al Ambiente quien lleve a cabo las siguientes acciones: “Impulsar y vigilar el cumplimiento de la estrategia para la modernización de la planta manufacturera industrial, para la reducción en la emisión de gases, vapores, polvos y toda sustancia que genere contaminantes como fuentes fijas”.
El representante popular por el Partido Nueva Alianza dio a conocer que Baja California es uno de los estados del país, donde gran parte de su población —el 37.6 por ciento— se dedica y ocupa en actividades de las industrias de la manufactura, minera, construcción, electricidad, papel, entre otras.
“Al ser la industria manufacturera una de las principales actividades productivas, es importante considerar a este sector, para que sea contemplado en el Programa Estatal de Eficiencia Energética”, consideró el legislador.
Asimismo, el diputado José Alberto Martínez propuso un ajuste a la Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación del Cambio Climático del Estado, por medio del cual se le dé una representación en el Consejo para el cambio climático, a los municipios y al Poder Legislativo.