Expediente Político
Por: Alfredo Calva
Posterior a la aprobación de la mal afamada Ley del Agua por parte de quince de los veinticinco diputados que integran la XXII i del Estado, a quien por cierto los ciudadanos despectivamente denominaron como “Los Notables”, toda la ciudadanía se dedicó a criticar la actitud de los legisladores y su falta de transparencia en su ejercicio y responsabilidad parlamentaria para con sus representados.
Ante una acción que los bajacalifornianos consideraron un acto de inconstitucionalidad, al establecerse en la citada ley el corte definitivo del servicio de agua por adeudo, y de agravio por la privatización de los organismos operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado, emergieron organizaciones que han sido los portadores del clamor ciudadano exigiendo la derogación de la ley al considerarla nociva dando puntual seguimiento al asunto, como la denominada “Célula 686” que se ha dedicado a exigir a los diputados que dieron su voto a favor en sus domicilios particulares y módulos de atención ciudadana, den marcha atrás a la ley del agua.
Estas acciones aunadas a las críticas que en los medios de comunicación han realizado sobre el particular actores políticos y dirigentes de organismos empresariales y de comités de ciudadanos, contribuyen a que se logre el objetivo de la derogación, sin embargo, existe otra parte de este asunto al que los ciudadanos se les ha olvidado, o cuando menos no le han dado la importancia debida, los legisladores que sufragaron en contra, los diez diputados que se opusieron a la privatización de los organismos operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
Si bien es cierto que los mayoritearon, también es verdad que el ordenamiento legislativo señala que, de existir inconformidad en la aprobación de una ley por un porcentaje de legisladores que equivale al 33 por ciento o más, los diputados inconformes tienen la posibilidad de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un procedimiento de inconstitucionalidad, que permita derribar la ley, que por cierto ya esta en vigencia.
Hasta el momento los diputados opositores no han dicho nada sobre el tema, han estado mudos, como si su responsabilidad hubiese terminado con la votación en la que fueron superados por el panismo y sus comparsas, los legisladores de MC y del PRD, y este silencio es preocupante y llama la atención, porque también el silencio y la omisión se pueden negociar, el ejecutivo puede adquirir la apatía sobre el tema de quienes el día de la votación no estuvieron de acuerdo con la iniciativa o cuando menos, con una sección de la propuesta del gobernador.
A los diputados que votaron en contra le restan diez días para presentar ante la SCJN la demanda de anticonstitucionalidad, de no hacerlo, pues darán a entender que, una de dos, o no les importa las consecuencias y afectaciones que tendrá la ley del agua para la población, o ya comercializaron su silencio y obligación a quien guarda interés particular y de negocio de que la ley prevalezca y se ejecute.
Pronto lo sabremos.
Se organizan los rosaritenses…
La experiencia de actos de violencia que se vivió en Playas de Rosarito el pasado sábado ocho, dejo una secuela de preocupación y a ocupación entre la mayoría de los rosaritenses, están consientes de que no debe de repetirse este tipo de situaciones en los que se vieron inmersos ciudadanos y elementos de corporaciones policíacas de los tres ordenes de gobierno.
En reunión celebrada a la que acudieron rosaritenses que guardan resquemor en contra de las políticas públicas implementadas por los tres niveles de gobierno, que ya afectan la economía de las familias, acordaron integrar un comité de lucha que sirva de interlocutor con las autoridades a las que se entregarán sus propuestas y demandas, bajo el esquema de respetar los derechos de terceros, para que sus derechos al igual sean respetados por las autoridades.
Que así sea.
Y mientras tanto….
Los rosaritenses exigen la salida del Mayor Magdaleno Vázquez Luís, como director de la policía municipal, por su participación activa y violenta en contra de rosaritenses que participaban en el plantón en la vía de acceso a la planta de Pemex.