* Votan a favor en lo general PAN, PRD y MC; en contra el PRI, Morena, PT, PBC y PES. Una reserva en lo particular fue avalada por todas la fuerzas políticas
- Crea dos organismos metropolitanos estatales: uno para la zona costa, que abarcaría Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, y otro para Mexicali
- Establece un Consejo Consultivo donde participarán el sector social y privado, para la mejor distribución y aprovechamiento del agua
- Las tarifas de agua potable se actualizarán de forma anual a través de una fórmula preestablecida; dejarán de preverse en las leyes de ingresos
Mexicali, 20 de diciembre de 2016.- El Pleno del Congreso local aprobó en lo general, con 15 votos a favor y 10 en contra, el dictamen 48 proveniente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que contenía la iniciativa que crea la Ley del Agua para el Estado de Baja California (LAEBC), propuesta por el Poder Ejecutivo.
La ley contempla la instauración de dos organismos metropolitanos estatales: uno para Ia zona costa, que abarcaría los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, y el de Ia zona metropolitana del municipio de Mexicali.
Asimismo, fue aprobada una reserva en lo particular, con 22 votos a favor y cero en contra, planteada por la diputada Victoria Bentley Duarte (PAN), para incluir en la LAEBC 6 artículos transitorios, donde se especifica, entre otras cosas, “que las presentes reformas no afectarán los derechos adquiridos y demás prestaciones reconocidas a los trabajadores de base de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada con anterioridad al presente Decreto y a la sustitución patronal que refiere el inciso c) del artículo noveno transitorio”.
En su argumentación, el Ejecutivo estatal refirió que según un estudio efectuado en el 2016 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad ocupa uno de los primeros lugares en sequía extrema en el país, por lo que esta nueva ley dotará de nuevas alternativas para que no falte el vital líquido en Baja California.
Por otra parte, mediante la creación de un Consejo Consultivo Estatal del Agua, promueve la participación del sector social y privado para la mejor distribución y aprovechamiento del agua, así como para conservar y controlar su calidad, a fin de que se cumplan las acciones de planeación, gestión, conservación y preservación de las aguas de jurisdicción estatal.
Adicionalmente propone la posibilidad de que el sector social y privado puedan prestar total o parcialmente los servicios públicos, así como el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, la administración, operación y mantenimiento, de forma total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios de agua en bloque, de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, e inclusive la ejecución de las obras de infraestructura hidráulica y los proyectos relacionados con dichos servicios públicos.
En cuanto al cobro de los servicios públicos, se establecen las tarifas medias de equilibrio para el cobro de los derechos en materia de agua, mediante las que se pretenden generar ingresos suficientes para cubrir los costos derivados de Ia operación, mantenimiento y administración de los sistemas, así como Ia rehabilitación y mejoramiento de Ia infraestructura existente, además de Ia amortización de las inversiones realizadas.
Se precisa que dichas tarifas se actualizarán de forma anual, a través de una fórmula preestablecida, de tal forma que las cuotas y tarifas por los derechos de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, dejarán de preverse en las leyes de ingresos de cada ejercicio fiscal.
En referencia a la nueva metodología para determinar las tarifas y cuotas, en la exposición de motivos se explica que “se debe principalmente al incremento en los costos de conducción de agua en bloque, particularmente en energía eléctrica, en función a Ia dotación de agua requerida para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, por un importe de 499.98 millones de pesos, que son 102 millones de pesos adicionales al 2016”.
Asimismo, se agrega que se debe a la disminución de recursos por parte de participaciones federales propuestas por el Ejecutivo federal para el ejercicio 2017, lo que va en perjuicio de los programas de apoyo que Ia Comisión Nacional de Agua (Conagua) proporciona a los organismos operadores, para lo cual se tiene estimado que en el ejercicio 2017 serán 130 millones de pesos menos lo que se recibirá de participaciones federales con relación al ejercicio fiscal actual.
Por otro lado, se señala que Ia modificación en las tarifas se empleará para realizar reposiciones de herramientas, equipos e instrumental de trabajo de brigadas de mantenimiento y laboratorios de agua potable y aguas residuales, lo que actualmente no es posible realizar, ya que tiene un costo aproximado de 22 millones de pesos, cantidad que dada la situación financiera de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, no es posible pagar.
Además de que se favorecerá la reposición de tubería en diversas ciudades de Baja California que, en algunos casos, cuenta con más de 40 años de operación.
En el artículo transitorio segundo de este nuevo ordenamiento, se establece la abrogación de Ia Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable; Ia Ley de Fomento a Ia Cultura del Cuidado del Agua, así como Ia Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, todas del Estado, y demás disposiciones en materia de agua potable y alcantarillado sanitario vigentes en Baja California.