TIJUANA BC 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.- Se ha convertido en estos días en un tema de interés el impulso que se le está dando a una reforma al artículo 123 constitucional y que es apoyada por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia para que los elementos de seguridad pública tengan derechos laborales como cualquier trabajador, señaló ?lvaro González.
El especialista en derecho penal, refirió que el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los marinos, los militares, cuerpos de seguridad y el personal del servicio exterior es que estos llevan una relación en un sentido administrativo con el Estado, y no de naturaleza laboral.
Mencionó que en ese tenor los elementos de seguridad pública no gozan de las garantías sociales constitucionales como un trabajador regular, consagrados en nuestra Carta Magna; y que esto nos lleva a un análisis donde el espíritu del constituyente deja en claro que se prepondera el interés nacional sobre el interés particular de dichos elementos de seguridad, dicho de otra manera es un artículo Constitucional que cuenta con los mecanismos necesarios para remover libremente a servidores públicos.
“Es una realidad que nuestro actual cuerpo de policía actúa con gran esfuerzo y con limitadas herramientas jurídicas como tecnológicas y sin garantías sociales. Este capital humano debe ser contemplado para el NSJP ya que en ellos descansa el éxito de este modelo de justicia, el Estado y la ciudadanía exigimos que los policias salvaguarden los derechos humanos sin observar que ellos están siendo vulnerados en sus propios derechos dia con dia, ya que cuentan con un sistema de carrera policial inerte y una comisión de desarrollo policial antidemocrático sin perder de vista que la misma constitución los excluye del principio de inocencia que gozamos todos los que estamos en territorio nacional”, manifestó.
Expresó que hoy en día y con la entrada en vigor de un nuevo sistema de impartición de justicia, la inclusión de una reforma al artículo 123 Constitucional, donde se vea por la seguridad social de los policías y todo aquella persona que se le haya encomendado la seguridad pública y el restablecimiento de la paz social como los elementos de las fuerzas armadas de México, es de vital importancia.
Se debe conservar una armonía, agregó, con los principales pilares en los que está sentado este modelo de justicia y donde se prevea la adecuada defensa, principio de inocencia y el respeto de los derechos humanos donde tristemente hoy se excluye a los cuerpos de seguridad.
Indicó que el Artículo 123 Apartado B, dice que los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización; y que la remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables.
“Mediante dicho párrafo existe a todas luces una discriminación a un grupo de mexicanos al ser segregados a través de una ley por el simple hecho de ser miembro de alguna corporación policial o militar, el objetivo debiera ser el incorporarlos de manera efectiva a un trabajo digno y con la certeza de una carrera civil transparente en su sistema de escalafoneo que les permita una permanencia y una seguridad jurídica en sus empleos”, opinó.
Dentro de las normas jurídicas mexicanas, añadió, es un grave error tratar de combatir a los malos elementos a través de leyes y reglamentos donde se discrimine a un sector en lo particular ya que mediante un estudio acucioso la ley penal contempla que por acción u omisión son constitutivos de delitos por parte de estos servidores públicos.
Consideró que si se demanda una policía efectiva y respetuosa, debemos proporcionarle habilidades y condiciones de servicio que le permitan desempeñarse de esa manera, por lo que se le debe de dotar de todos los implementos tecnológicos de última generación y capacitación por personal apto para instruira los elementos ante el desafio del NSJP.
“La esencia de las reformas consiste en crear una policía además de preventiva: científica, institucional, ciudadanizada y con espíritu de servicio y como máxima establecer el equilibrio entre el respeto a los derechos humanos frente a la seguridad pública, hay que entender que la policía es un órgano civil y profesional del Estado, responsable de hacer cumplir la ley de manera imparcial y en estricto respeto de los derechos humanos capaz de fomentar una convivencia”, comentó.