Horizonte Informativo, Mexicali, 22 de Noviembre del 2016.-La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) y el Senado de la República, a través de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, firmaron un convenio de colaboración para la protección de los derechos humanos de periodistas y comunicadores sociales.
La Presidenta de la CEDHBC, Melba Adriana Olvera Rodríguez, y el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, en su carácter de Presidente de dicho Órgano Parlamentario, informaron que a través del convenio se contribuirá a sentar bases para que en Baja California se consolide una cultura de respeto al trabajo de quienes llevan a cabo la tarea de garantizar el derecho a la información de las y los ciudadanos.
El convenio, firmado y presentado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), comprende acciones específicas entre las que se encuentran: actividades conjuntas de educación, información, difusión, capacitación, promoción, prevención, atención, defensa, gestión, canalización y suma de proyectos tendientes a la protección y defensa, observancia y supervisión, y educación de los derechos humanos de periodistas y comunicadores sociales.
De igual manera, atender a periodistas y comunicadores sociales que hayan sido objeto de vulneración de sus derechos fundamentales.
Una de las primeras acciones que parten de este convenio es el “Taller en Comunicación Política y Actualización Legislativa”, impartido a periodistas y estudiantes de humanidades, con la participación de la Presidenta de la CEDHBC, Melba Olvera, con la ponencia: “Derechos humanos y periodismo”; Ismael Urzua Camelo, Asesor del Senado de la República, con la ponencia: “Libertad de Expresión y Juicios Orales”; así como el Doctor Sixto Moya Herrera, del Instituto Ortega y Vasconcelos, con la ponencia “Comunicación Política”.
Durante su exposición, la Ombudsperson de Baja California puntualizó que el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Además, el derecho a informar y ser informado también está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Tanto la libertad de expresión como la información son derechos garantizados para todas y todos y constituyen dos pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Por tanto, la información es un bien social que no pertenece a los medios de información o a los periodistas. La información es un derecho humano que debe ser utilizado de forma responsable para el beneficio común y no para intereses privados”, sostuvo.
Aunado a ello, en el Artículo Séptimo Constitucional se subraya: “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.
Olvera Rodríguez señaló que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
En la firma del convenio estuvieron presentes la Diputada Trinidad Vaca en Representación de la XXII Legislatura; el Maestro Jesús Adolfo Soto, Director de la Facultad de Ciencias Humanas; representantes de los medios de comunicación y estudiantes.
Melba Adriana Olvera Rodríguez concluyó reconociendo el papel de los medios de comunicación de poner cada vez más el tema de los derechos humanos en la agenda de las instituciones de gobierno, siendo coparticipes de un cambio en Baja California para avanzar en la consolidación de una sociedad más justa, e informar a la población acerca de sus derechos humanos.