Por: Alfredo Calva
Expediente Político
TIJUANA BC 3 DE OCTUBRE DE 2016.- Desde el inicio de la administración municipal que encabeza, Jorge Astiazarán Orcí, la dirección de Justicia Municipal, que titula, Luis Carlos Ayala, en contubernio con su coordinador de Jueces Calificadores, Alfredo Reynoso, se han y siguen cometiendo irregulares de toda índole, entidad dependiente de la Consejería Municipal, la cual fue dirigida por Herrera, quien renunciara al cargo para irse a laborar en la ciudad de México, y que sigue manejándola a su libre albedrio bajo la figura de “asesor externo”, privilegio del que goza por el solo hecho de ser el abogado de la familia Astiazaran desde hace años.
Los funcionarios inmersos en estas trapacerías, se escudan en sus cargos para obligar a los jueces calificadores a pagarles cuotas que ellos denominan con descaro “derecho de piso”, a razón de mil pesos por semana, negocio que les resulta bastante redituable incluyendo al mismo Gerardo Herrera, lo que los envalentona para presumir en su círculo de amistades de la protección del primer edil, lo que les permite hacer lo que les venga en gana en sus respectivos cargos.
Y ante esta inmunidad otorgada por Astiazarán Orcí, se dieron a la tarea de ampliar sus horizontes empresariales y pusieron en marcha otro sustancial y lucrativo negocio, que está relacionado con las multas que se generan en los retenes que se instalan y se aplican el alcoholímetro, así como en los operativos llevados al cabo por la Dirección de Vialidad y Transportes contra la piratería de unidades de este servicio.
En donde los descuentos que hacen a las infracciones van de acuerdo al estimulo económico que reciben de los infraccionados, en el caso de las de alcoholímetros, estas tienen un valor de 60 salarios mínimos, que en pesos son cuatro mil 380 pesos, y ellos las bajan hasta 20 salarios mínimos, que son mil 460 pesos, previo pago de mil pesos por infracción, con el único fin de poder ayudar al ciudadano con su problema.
Con respecto a las multas impuestas por el personal de vialidad en el combate a la piratería en el transporte, el articulo 269 del reglamento en la materia, establece una sanción de 500 a 700 salarios mínimos, por no contar con documentos para prestar el servicio de transporte publico, que representan la cantidad 51 mil 100 pesos, pero gracias a su benevolencia y sensibilidad social, ellos las califican luego en 5 salarios mínimos, que representan solamente 365 pesos, luego del pago del ciudadano sancionado de 10 mil pesos, por cada una.
Con estas operaciones financieras, la triada integrada por, Luis Carlos Ayala, Alfredo Reynoso y Gerardo Herrera, ya han de tener los bolsillos bastante abultados, así como las cuentas bancarias personales, negocios que no hubiera sido posible establecer y realizar sin la ayuda incondicional del alcalde, Jorge Astiazarán, y están cometiendo un fraude a las arcas municipales al no ingresar el monto real de las infracciones a las cajas recaudadoras, lo que se considera como un delito que debe ser investigado por la Sindicatura para tomar las medidas y acciones punitivas en contra de estos presuntos defraudadores, que afectan al las obras de beneficio social que realiza el gobierno municipal.
Es tal su cinismo que en vez de optar por quedarse callados y actuar de bajo perfil, se vanaglorian y lo externan a cuanta persona cercana a ellos quiere escucharlos, que su fortaleza real se encuentra en la manipulación como marioneta que hacen con el presidente municipal, Jorge Astiazarán, al igual que lo hacía en su momento Bernardo Padilla Muñoz, hoy diputado local, cuando estuvo al frente de la Secretaria General de Gobierno.
Y mientras tanto….
Con la revocación de la diputación a Salvador Sánchez Valdez, el PRI en Playas de Rosarito se encuentra desconcertado y sus militantes están más desorientados de lo que quedaron el pasado cinco de junio en la noche.