Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA BC 19 DE ENERO DE 2016.- Igual que las luminarias, el elevador para personas discapacitadas que se instaló en el Palacio Municipal durante la administración de Carlos Bustamante, es dinero que se gastó de manera inútil pues el equipo no cumple con las normas mínimas necesarias para el objetivo que debe de cumplir aseguró la regidora María del Refugio Lugo Jiménez.
Invitada como orador en la reunión semanal de la Asociación Nacional de Periodistas, Lugo Jiménez asentó que sobre el gasto de 1 millón 800 mil pesos, ya se tienen abiertos expedientes en la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento que es la encargada de deslindar responsabilidades sobre el mal uso de los recursos públicos.
“Hay varios casos como el elevador que se hizo para personas con discapacidad, que fueron 1 millón 800 mil y fracción y que aún no sabemos quiénes son los responsables y el elevador está ahí sin funcionar, nunca funcionó y también es un dinero que quedó; en el aire y no sabemos dónde o quien es el responsable”
La regidora lamentó que las personas con discapacidad que acuden a palacio no puedan usarlo, pues otro caso que dejó sin resolver el expresidente municipal Carlos Bustamante Anchondo, que debe ser presentado ante la autoridad competente.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas sostuvo que debido a que la ciudad cuenta con el 6.5% de su población en calidad de discapacidad se requiere que al menos 10% de todas las unidades de transporte público de estén adaptadas para ofrecer un servicio adecuado a personas con discapacidad, lo cual no se cumple.
Contar con espacios exclusivos, que la mayoría de las veces no se respeta, no es la solución, las unidades deberían tener rampas de acceso y espacios amplios para no limitar la movilidad de quienes utilizan sillas de ruedas, expusieron algunos de los usuarios.
Dijo que el artículo 11 del Reglamento sobre los Derechos de Personas con Discapacidad del Municipio de Tijuana señala que la Dirección de Vialidad y Transporte deberá implementar programas obligatorios para que en toda ruta de transporte público exista una flotilla determinada de unidades que cuente con 10% de unidades adaptadas para prestar el servicio a personas con discapacidad.
Abundó que para atacar este tema el director de Vialidad y Transporte, José Luis Hernández Silerio, reconoció que el transporte público no ofrece el servicio correcto para las personas con discapacidad, pero ya se está por firmar un convenio para que se introduzcan transportes adaptados para las personas con discapacidad.
La regidora María del Refugio Lugo Jiménez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que actualmente ninguna unidad cuenta con las medidas necesarias para cumplir con la norma técnica de libre acceso para personas con discapacidad.
Especificó que por el momento analizarán cómo contemplará cada transportista adaptar sus unidades, para posteriormente aplicar sanciones a quienes incumplan el reglamento.
