Por Crisstian Villicaña
El papel de la Guardia Nacional en Tijuana se ha limitado a la de patrullar las calles, acción que es insuficiente para el activista y experto en Derechos Humanos, José Luis Pérez Canchola.
“El problema que tenemos aquí más allá de la prevención en general, son las órdenes y mandamientos judiciales de arresto, localización, presentación; la última estadística que revisé año y media eran 5 mil mandamientos judiciales de homicidios, violaciones, trata, que están archivados, en la Ciudad de México hay una Unidad de Ejecución de Mandamientos, aquí no la hay”, indicó Pérez Canchola.
Mencionó que la Guardia Nacional tiene facultades para cumplir con esos requerimientos de personas ante la Ley, pero no lo lleva a cabo, dando como resultado una falta de coordinación y por ende escasos resultados en la detención de los generadores de violencia en sus distintas modalidades.
Sería cuestión de que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) proporcione a la autoridad castrense los expedientes judiciales que se encuentran archivados.
“La Guardia Nacional puede y debe de hacerlo, además de infiltrarse, está en la Ley que la Guardia Nacional puede infiltrar grupos criminales para hacer investigación”, subrayó el especialista en Derechos Humanos.
Para este último la violencia que experimenta Tijuana desde hace varios años no parece tener un pronto desenlace, por el contrario, se vislumbra que la situación pueda empeorar.
“Tijuana tiene el primer lugar en corrupción de menores, en los últimos cinco o seis años el primer lugar en ese delito que el Código Penal llama corrupción de menores; drogas, sexo, vídeos, por qué, porque llega mucho turismo sexual, no hay control”, concluyó.