MEXICALI.- En Baja California las mujeres, niñas y adolescentes son una prioridad para los tres órdenes de Gobierno, actualmente se cuenta con leyes que protegen su bienestar, fomentan la igualdad, así como prevenir y atender la violencia contra ellas, esto gracias al trabajo coordinado entre Gobierno del Estado a través de INMUJER y la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventudes de la XXIV Legislatura del Congreso del Estado.
La más reciente actualización de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia añade a las modalidades de violencia laboral y docente las figuras jurídicas del hostigamiento y acoso laboral, siendo este ámbito, uno de los espacios donde más se reflejan las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres.
En materia de acoso escolar, las autoridades responsables de la aplicación de la ley que atienden esta materia, podrán solicitar la intervención de instancias que coadyuven en la prevención y atención de casos que se presenten entre las y los alumnos que forman parte de la comunidad estudiantil, reconociendo al INMUJER BC como una entidad orientadora sobre temas de acoso escolar para ruta de prevención y de atención con lo que se garantizará que las y los alumnos obtengan el pleno respeto a sus derechos humanos, protegiendo su dignidad, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar a través del respeto a una vida libre de violencia.
En lo que respecta a la ley para prevenir y erradicar la discriminación, se genera una reestructuración sobre los estigmas de la maternidad dándole un sentido de libertad, dignidad y respeto, estableciendo actos para la prevención y erradicación que establece la discriminación a través de la censura que conlleva el prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en público, estableciendo la normalización de dicha acción y rompiendo estereotipos que sexualizaban estos actos.
En marzo del presente año, Baja California dio un gran paso para garantizar los derechos de las mujeres al aprobarse la tipificación de la Ley Vicaria, con ella se sancionará a los padres que utilicen a sus hijas e hijos y/o dependientes económicos como medio para generar un daño a la mujer, la cual incluye condenas del tipo penal de 6 meses y hasta 4 años para las personas que ejerzan este tipo de violencia, además se determinó que perseguirá de oficio y contemplará sanciones como: suspensión o pérdida de la patria protestad; embargo de propiedades y sueldos, entre otras.
Con el objetivo de adicionar en el Código Penal reglas respecto de la concretización de la legítima defensa como excluyente del delito, así como del exceso dentro de la misma y adicionar en la Ley de Acceso reglas para el otorgamiento de órdenes de protección se realizó la iniciativa de reforma “Ley Alina”, con la que se obliga a actuar con perspectiva de género y presumir la legítima defensa cuando una mujer se defienda de su agresor en caso de ser víctima de violencia física, sexual o feminicida, o estar en peligro inminente de serlo, así como la persona que la auxilie para repeler la agresión.