* Advirtieron desde febrero pasado de la mala calidad y planeación de la obra que con el paso de Manuel y Sonia ha quedado en condiciones poco seguras para su tránsito, luego de una inversión de más de 28 mil millones de pesos
Mazatlán, Sin. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Los integrantes del Movimiento por la Justicia Agraria de Sinaloa, Durango y Nayarit exigen a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como a los legisladores locales en sus estados que se audite e investiguen las causas por las cuáles la autopista Mazatlán-Durango inaugurada apenas el 17 de octubre por el presidente Enrique Peña Nieto con un costo de más de 28 mil millones de pesos, tiene “fallas para una circulación segura, eficiente y cómoda” y se castigue a quienes incurran en responsabilidades.Los campesinos advirtieron desde febrero, mayo y septiembre pasados que la mala planeación y ejecución de la obra por las empresas Omega y la española Aldesa, entre otras, había propiciado que aún antes de la presunta inauguración de la supercarretera, ya sufriera problemas de deslaves, desgajamiento de cerros, fractura y caída del terraplén y fisuras en varios túneles.
“Desde el mes de febrero de este año declarábamos que esta obra grandiosa se estaba construyendo con pésima calidad y mala planeación: nunca fuimos oídos ni escuchados mucho menos atendidos por las autoridades”, declaró Ernesto Pérez Virgen, representante de los 32 ejidos, comunidades y núcleos de pequeños propietarios que conforman el movimiento.
Primero fueron los vientos y lluvias remanentes de Manuel, que “nos empezaron a dar la razón y, finalmente la orilla de la falda lluviosa de Sonia vino a comprobar que los campesinos dueños de la tierra y que la conocemos desde hace décadas, si teníamos toda la razón al afirmar que cuando llegara una lluvia fuerte, dañaría severamente la obra. A pesar que sólo fue la orilla de la falda de Sonia la que llegó a nuestras montañas, si provocó estragos”, agregó.
Los campesinos exigen una investigación a los integrantes del Congreso de la Unión y “muy particularmente a los representantes de nuestros estados y a sus congresistas locales para que se audite e investigue las causas” del pronto deterioro de la obra tras el paso de Sonia.
“Y, si hay responsabilidades de funcionarios públicos que hayan violado leyes, reglamentos, normas y técnicas en la construcción de esta obra magna, sean llamados a rendir cuentas; pero también que a su vez obligue a las constructoras a la reparación de los daños sin cargo para el erario público porque hicieron mal su trabajo a pesar del enorme gasto de la obra: más de 28 mil millones de pesos”, destacó el dirigente de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
Esta posición del Movimiento Campesino por la Justicia Agraria obedece, agregó, a nuestra seguridad ciudadana y social “de propiciar el surgimiento y fortalecimiento de la cultura participativa y administrativa basada en la Transparencia y Rendición de Cuentas de todo funcionario público que se desarrolla en una sociedad de disenso y confrontación dentro del contexto democrático que hemos venido construyendo lentamente en los últimos 25 años”.
Finalmente, añadió Pérez Virgen que para el Movimiento Campesino por la Justicia Agraria es sólo su derecho al acceso a la información, transparencia y de rendición de cuentas, obligaciones sociales y ciudadanas que debemos promover, fomentar y honrar para fortalecer nuestras instituciones democráticas y a la vez empujar nuestro deber para garantizar la vigencia, aplicación y movilidad de estos derechos enmarcados en la Constitución Política Mexicana y en los tratados Internacionales firmados por los representantes del Estado Mexicano.