Ante la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia laboral, la Barra de Abogadas Laboralistas de BC 8 de Marzo A.C., externó su preocupación por que el gobierno cuente con el presupuesto y capacidad para implementarlo en Baja California.
En entrevista con la Lic. Lucía Celeste Castro Herrera, presidenta de la asociación, expresó que el gremio de abogadas están atentas a que se cuente con la infraestructura y personal suficiente para realizar el cambio, y que no se entorpezca la atención ciudadana.
“Tienen que ver todo tipo de asuntos, individuales y colectivos, sobre todo que depende del poder ejecutivo estatal y federal el tema del centro de conciliación, y por otro lado, tenemos al poder judicial que también debe tener infraestructura”, subrayó.
La dirigente de la Barra de Abogadas Laboralistas refirió que esta incertidumbre obedece a que la experiencia en otras entidades no ha sido muy buena, pues se saturaron de trabajo y no ha funcionado como debería dicho sistema laboral.
“El problema es esta etapa de transiciones porque es mantener la Junta de Conciliación, los centros y el tribunal laboral, que no sabemos si tendrán el presupuesto para mantener todo a la vez”, apuntó.
La Lic. Lucía Castro expuso que entre los problemas que se han detectado en otros estados es que no avanzan los asuntos, no se concilia como antes, los juicios no duran el tiempo especificado, y que el personal no tiene la experiencia.
“Hago el llamado al nuevo gobierno para que le dé la importancia necesaria al tema laboral para que Baja California sea punta de lanza a nivel nacional de que sí se puede implementar la reforma con disposición de todas las partes, con infraestructura, y que los compañeros laboralistas se capaciten para que, entre todos, hagamos funcionar esta reforma”, sentenció.
Por su parte, Juan Manuel Martínez Berdeja, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, comentó que actualmente se está en la etapa de transición para implementar el nuevo sistema de justicia laboral, en el que las juntas locales desaparecen para dar paso a un juzgado laboral y un centro de conciliación estatal.
“De momento se tienen 18 mil asuntos pendientes en Tijuana, en todo el estado son casi 40 mil, principalmente de demandas de trabajadores en contra de patrones por despidos, así como por temas de huelgas, contratos colectivos y trabajadores en contra de instituciones de gobierno”, dijo.
En ese sentido, el funcionario argumentó que mientras no se desahoguen dichos expedientes no se pueden desaparecer aún las juntas locales.
“Lo que se busca es una mayor conciliación y evitar el litigio. El centro estatal de conciliación tendrá oficinas en cada municipio, en el caso de Tijuana estará en el BIT Center”, finalizó.