Tijuana, B.C., 10 de marzo de 2021.- Mediante oficio dirigido a Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), la diputada Evangelina Moreno Guerra, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del H. Congreso del Estado de Baja California, dio respuesta al exhorto que en días pasados hiciera la CEDHBC a las y los diputados integrantes de la XXIII Legislatura local.
En dicho exhorto, la CEDHBC recomienda a los legisladores que: “lleven a cabo las acciones necesarias para armonizar la legislación local, con el marco jurídico nacional e internacional, referente al reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público, reformándose de esta manera el Artículo 7º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California”,
En su comunicación oficial, la diputada Evangelina Moreno informó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que desde el día 15 de diciembre de 2020 presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia indígena mediante la cual se pretende modificar el apartado A del Artículo 7º de la Constitución local.
La legisladora también puntualizó que la iniciativa de reforma constitucional presentada busca dar respuesta a las exigencias de las organizaciones, comunidades y pueblos indígenas, ya que dicha iniciativa fue retomada de la propuesta comunitaria presentada al Congreso el día 22 de enero de 2020, así como de la propuesta legislativa de la organización Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C. que se presento el 24 de junio de 2020.
Moreno Guerra planteó que la reforma presentada va más allá del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público como lo recomienda la CEDHBC, por lo que la propuesta de reforma constitucional pretende armonizar, otorgar, perfeccionar, modificar, reformar y adicionar diversos derechos para las personas, comunidades y pueblos indígenas, entre ellos la salvaguarda de la autoadscripción de las personas que tengan conciencia de su identidad colectiva e individual como miembro de un pueblo indígena. También reconoce el derecho a la libre determinación y al ejercicio de su autonomía.
Otros derechos que la legisladora considera importante destacar de la iniciativa presentada son: a) la obligación de etiquetar partidas presupuestales específicas; b) el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas y de las formas de organización político administrativas, incluyendo a las autoridades tradicionales y representantes de los pueblos y comunidades indígenas; c) el derecho a la consulta bajo los principios del consentimiento, libre, previo e informado, cuando se realicen actos administrativos o legislativos que afecten sus derechos, conforme a la ley secundaria; d) el establecimiento de una institución pública con nivel de Secretaría; e) el reconocimiento de derechos políticos con apego a las acciones afirmativas emitidas por la autoridad electoral y a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación.
La representante popular hizo énfasis en “que las iniciativas propuestas también tienen como propósito dar respuesta a la Sentencia del Recurso de Inconformidad RI-30/2018 INC promulgadas por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC)”.
De la misma manera, la legisladora informó a la CEDHBC que ha presentado otras iniciativas relacionadas con la agenda indígena, entre las cuales destacan el reconocimiento a tener una representación ante los Ayuntamientos (cabildos) de la entidad, tal como lo mandata el Artículo 2º de la Carta Magna. En esta misma tesitura, la diputada abundó en que busca reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California para crear una Secretaría de Pueblos Indígenas.
La diputada Evangelina Moreno concluye su oficio de respuesta aclarando que la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas, que ella preside, no tiene la facultad de dictaminar iniciativas, y que, por lo tanto, la Mesa Directiva del Congreso turnó dichas iniciativas en materia indígena a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, la cual tendrá la obligación, según Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, de dictaminar y enviar al pleno del Congreso para su votación y posterior promulgación.