MEXICALI, B.C., 14 de octubre de 2020.- El Gobierno de Baja California, que encabeza Jaime Bonilla Valdez, ganó controversia constitucional promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), referente a la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos.
El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, manifestó que los argumentos vertidos por el Gobierno de Baja California fueron suficientes, para que la SCJN le diera la razón al Estado en este asunto.
“La defensa de Estado ante la SCJN, fue en el sentido de que es un tributo de naturaleza extra fiscal (Impuesto Ambiental sobre la Extracción y Aprovechamiento de Materiales Pétreos), extra fiscalidad que reside en un objetivo constitucionalmente válido, como lo es la protección al medio ambiente del Estado de Baja California; en este sentido se sostiene la constitucionalidad del citado impuesto, el cual es acorde a los principios tributarios consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo Rodríguez Lozano.
Así pues, por una mayoría de seis votos, los ministros, validaron el precepto de la “Ley de Ingresos” del Estado de Baja California que establecía un impuesto cuyo objeto recae sobre la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos, al considerar que la imposición de ese tipo de tributos no invade la esfera competencial de la Federación.
Uno de los criterios de la SCJN fue que dicho impuesto por extracción de pétreos es apegado a la normativa ambiental vigente y no se contrapone con las disposiciones federales ni invade su esfera de competencia.
Como se recordará la acción de inconstitucionalidad número 107/2020, fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el ejercicio fiscal de 2020, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2019.