Tijuana, Baja California, 24 de septiembre de 2020.- Pese a que la Ley de Salud Pública de Baja California establece que los Ayuntamientos son autoridades sanitarias y no requieren Aviso de Funcionamiento, el XXIII Ayuntamiento de Tijuana solicitó la mañana de este jueves dicho trámite a la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios de Baja California (CoeprisBC), para que sean abiertos los consultorios de Servicios Médicos Municipales que dicha autoridad suspendió el pasado martes 22 de septiembre.
“Fue un acto ilegal que cometió CoeprisBC, pero el Presidente Municipal, Arturo González Cruz, prefirió la salud de los derechohabientes y me instruyó solicitar el trámite administrativo a fin de no afectar el derecho de los más de 8 mil 500 usuarios de Servicios Médicos Municipales”, explicó Salvador Gómez Ávila, consejero jurídico del Gobierno Municipal.
Aseguró que además de ilegal, los funcionarios estatales aplicaron una medida desproporcionada al suspender los servicios de los consultorios ante la falta de un Aviso de Funcionamiento y el hallazgo de alimentos en un refrigerador en el que había también algunos medicamentos y por el que se dedujo había contaminación cruzada.
El funcionario recalcó que el pasado miércoles 23 de septiembre se interpusieron cuatro demandas en contra del Comisionado Estatal de Coepris, David Gutiérrez Inzunza, así como cuatro funcionarios más de la dependencia por la suspensión de los consultorios médicos y tres espacios del Sistema DIF (SDIF) entre ellos la bodega general, un centro comunitario y un consultorio médico por la presencia de medicamento, alimentos y dulces que ya tenían vencida la fecha de caducidad.
También se solicitó la suspensión de los cuatro actos. En lo que respecta a SDIF la existencia de productos caducos no es una irregularidad por estar en proceso de separación y la dependencia no tuvo, ni tiene la intención de entregar medicamento o alimentos en mal estado.
El actuar de los señalados vulneró los derechos humanos de los trabajadores municipales y sus familias además de poner en riesgo su salud al no recibir la atención médica en plena situación de pandemia y el XXIII Ayuntamiento dará seguimiento a las demandas para restablecer los derechos de los tijuanenses y los trabajadores municipales.
A pesar de hacer trámite y ceder a este condicionamiento de la autoridad estatal, las instalaciones permanecen cerradas.