* Busca prohibir y sancionar que funcionarios públicos compren terrenos o bienes inmuebles valiéndose de información pública privilegiada
* También cuando estos detengan u omitan algún trámite de los ciudadanos en el gobierno, para favorecerse ellos mismos, a parientes y amigos
MEXICALI BC 6 DE NOVIEMBRE DE 2014.- A fin de poner un candado a funcionarios públicos que se aprovechan del acceso que tienen a la información en el gobierno, para comprar terrenos o bienes inmuebles y realizar tráfico de influencias, el diputado Roberto Dávalos Flores presentó una iniciativa con el fin de reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
El diputado del PRD dijo que esta iniciativa busca la prohibición a los funcionarios para adquirir cualquier bien inmueble, cuando se percate que va a incrementar su valor o condiciones debido a obras o inversiones públicas y privadas, obteniendo de esta manera un beneficio indebido.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales subrayó que, en el municipio de Tijuana, hay varios casos de corrupción en esta modalidad, como lo fueron en el Boulevard 2000, el desarrollo urbano de la Zona del Río, Playas de Tijuana y el Valle de las Palmas, por mencionar algunos.
La iniciativa del diputado Roberto Dávalos también busca sancionar a aquellos empleados de gobierno que, teniendo uso de información pública, retarden u omitan información para favorecer a particulares.
Dijo que es importante que las instituciones públicas de gobierno proyecten no sólo en imagen, sino en los hechos, una posición de cero tolerancia a servidores públicos carentes de principios éticos, ya que la corrupción “es uno de los enemigos para la transparencia y la rendición de cuentas”.
Agregó que los ciudadanos quieren saber la forma en que los recursos públicos son ejercidos y también quieren tener la certeza de que cualquier acto indebido en el servicio público será sancionado.
Dávalos Flores afirmó que esta reforma es de vanguardia en materia de transparencia, y contempla también prevenir que no sean rechazadas las solicitudes de cualquier institución que vigile y proteja los derechos humanos, en materia de transparencia.
Dicha iniciativa con proyecto de decreto busca reformar los artículos 46 y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, con el propósito de dar transparencia y certidumbre a los ciudadanos de Baja California.
