Tijuana.- El diputado Federal, Javier Castañeda, dijo que fue un gran logro la aprobación del dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio que establece los mecanismos para que las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes que les sean arrebatados a la delincuencia, como al narco.
Expuso que esta iniciativa contempla también a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, porque es una premisa principal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción, empezando desde la casa.
Castañeda Pomposo, señaló que los hechos susceptibles de la extinción de dominio son por delincuencia organizada, secuestro, delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.
Además de crear la Ley Nacional, se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Javier Castañeda, dijo que esta ley se trata de la pérdida de alguna propiedad o bienes tangibles e intangibles, como cuentas bancarias, que sean producto de algunas actividades ilícitas o que se hayan utilizado para cometerlas.
El artículo 3 del proyecto de ley define a la extinción como “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario”.
Quien estará a cargo de la solicitud de extinción de dominio, de un bien o una propiedad, será el Ministerio Público que investiga un delito, pero el proceso se realizará de forma separada y por la vía civil. Un juez será el responsable de determinar, tras un juicio, si es procede[15:11, 31/7/2019] 790_167: Gobierno Podrá Disponer de Bienes de Actividades Ilícitas del Narcotráfico y de Funcionarios Públicos Corruptos: Javier Castañeda
**Anunció la Aprobación de la Ley de Extinción de Dominio
El diputado Federal, Javier Castañeda, dijo que fue un gran logro la aprobación del dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio que establece los mecanismos para que las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes que les sean arrebatados a la delincuencia, como al narco.
Expuso que esta iniciativa contempla también a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, porque es una premisa principal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción, empezando desde la casa.
Castañeda Pomposo, señaló que que los hechos susceptibles de la extinción de dominio son por delincuencia organizada, secuestro, delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.
Además de crear la Ley Nacional, se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Javier Castañeda, dijo que esta ley se trata de la pérdida de alguna propiedad o bienes tangibles e intangibles, como cuentas bancarias, que sean producto de algunas actividades ilícitas o que se hayan utilizado para cometerlas.
El artículo 3 del proyecto de ley define a la extinción como “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario”.
Quien estará a cargo de la solicitud de extinción de dominio, de un bien o una propiedad, estará a cargo del Ministerio Público que investiga un delito, pero el proceso se realizará de forma separada y por la vía civil. Un juez será el responsable de determinar, tras un juicio, si es procedente o no.
