Tapachula, Chis., 18 de julio de 2019.- El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, firmó un Convenio de colaboración con el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, en el que se establecen los mecanismos para simplificar procesos como la escrituración de viviendas y agilizar diversos trámites administrativos requeridos por el Instituto, y que le corresponde atender a las autoridades locales.
El convenio también delinea un mecanismo para realizar la promoción y difusión del programa de conversión de créditos en salarios mínimos a pesos, Responsabilidad Compartida, que busca apoyar a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan, otorgando descuentos al saldo y congelando los pagos de quienes han pagado cumplidamente en los últimos 24 meses y que hoy tienen una deuda 1.5 veces o más que la contratada originalmente.
A la fecha, este programa ha beneficiado a 900 acreditados en Chiapas y a más de 46 mil en todo México, con descuentos que ascienden a 9 mil millones de pesos.
La firma del convenio entre el Infonavit y el Gobierno de Chiapas sucedió en el marco de la visita a Tapachula del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, quien continúa recorriendo el país con la finalidad de detectar los municipios y barrios donde se requiere reducir el déficit de infraestructura básica y complementaria, de equipamiento urbano y espacios públicos, elementos ambientales y ordenamiento del paisaje, movilidad y conectividad, en beneficio de la población.
El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado Mexicano, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta del mundo, administrando más de 62 millones de subcuentas de vivienda equivalentes a 1.13 billones de pesos.
Además, de la mano de la SEDATU, el Infonavit tiene el compromiso de mejorar las condiciones de las viviendas mediante intervenciones relativas a su calidad y espacios, garantizando así el derecho de las y los trabajadores de México a una vivienda adecuada.