Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.- Mientras que en Mexicali, inconformes con la resolución votada en la sesión del pleno para extender el periodo de la gubernatura de 2 a 5 años cerraron simbólicamente las instalaciones del Congreso del Estado, en esta frontera otro grupo confirmaba la denuncia presentada ante la Comisión de Derechos Humanos por considerar que la disposición legislativa vulnera su derecho a votar y ser votado.
En la capital de Baja California, los manifestantes ciudadanos inconformes repudiaron a los legisladores y “clausuraron” el recinto parlamentario. “Diputados están despedidos” y “clausurado por alta traición”, son las leyendas que aparecieron en cartulinas colocadas en las puertas y ventanales del inmueble que alberga al Poder Legislativo.
En otro letrero se leen los nombres de los 21 diputados que asistieron a la sesión nocturna del lunes 8 de julio para votar a favor de modificar el artículo transitorio 8 de la reforma electoral de 2014 en la que se señalaba que el periodo constitucional sería del 1 de octubre de 2019 a septiembre de 2021 para ampliarlo a ese misma fecha pero de 2024.
Se trata de cinco diputados priistas, una del PT, tres de Morena y uno de Transformemos, así como los nueve legisladores del PAN, uno de Movimiento Ciudadano y otra de PRD. En la sesión del pasado lunes también se aprobaron las cuentas públicas del Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo.
En Tijuana, el ciudadano ensenadense Julio César García Ortiz y otros 40 ciudadanos, comparecieron en las oficinas de la Comisión, ubicadas en la Zona Río, para ratificar la denuncia que quedó inscrita bajo el bajo el folio 2019-64825, la querella se realizó porque asegura sentir violado su derecho a votar y ser votado.
También ante la CNDH compareció el regidor independiente electo de Ensenada Miguel Orea quien aseguró que “acudir a la CNDH era una vía para manifestarse por tal decisión, y de este modo podían invitar a los ciudadanos en general a sumarse al movimiento”
Precisó que el alcance de esta manifestación puede ser muy amplio por la posibilidad que tiene la CNDH para intervenir en defensa de un ciudadano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante una acción de inconstitucionalidad, cuyo resultado podría darle marcha atrás a la decisión de los diputados.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos está impedida para resolver o atraer asuntos de tema electoral. Este es un tema de Derechos Humanos, ¿por qué? Porque si cualquier persona como yo pudiera lanzarse como candidato de gobernador o tuviéramos la idea de ser gobernador en dos años, se nos impide ese derecho, entonces viola obviamente nuestro derecho a votar y ser votados”.